Jimmy Cherizier, líder de las pandillas haitianas. Foto: @globalmedia28


El líder pandillero, Jimmy Cherizier, alias 'Barbecue', ha anunciado este viernes una tregua hasta el próximo 18 de noviembre con el Gobierno de Haití para permitir la distribución de combustible, en un momento en el que el país se ha visto forzado a cerrar a algunas instituciones y servicios, entre ellos más de medio centenar de hospitales.

'Barbecue', un antiguo policía que logró aunar a las nueve pandillas más importantes de Puerto Príncipe, la capital, bajo una suerte de confederación criminal conocida como 'G9' o 'La Familia', ha anunciado que a partir de este viernes los camiones cisterna podrán abastecerse "sin preocupación".

"Conductores y transportistas pueden empezar a trabajar. Hospitales, negocios, universidad y embajadas pueden comprar combustible", ha asegurado 'Barbecue', quien ha vuelto a insistir en que las acciones que están llevando a cabo buscan sacar a Haití de la pobreza.

En un discurso trasmitido por redes sociales, 'Barbecue' ha arremetido contra los sectores que "exprimen" los recursos del país y ha puesto sobre la mesa del Gobierno haitiano nueve exigencias, entre ellas la reapertura de todas las estaciones de servicio con los precios para el combustible anteriores a la crisis.

'Barbecue' también ha pedido a la población haitiana que "reflexione" sobre las urgencias por las que atraviesa el pequeño país caribeño durante la semana que está previsto dure la tregua.



Desde el magnicidio del presidente, Jovenel Moise, el pasado 7 de julio, la siempre convulsa situación política y económica por la que atraviesa Haití desde hace años se vio un poco más golpeada.

Pronto el vacío de poder degeneró en una crisis de seguridad, con asesinatos y secuestros a diarios, sobre todo en amplias zonas de la capital. Desde hace cinco semanas, las pandillas han tomado el control y han bloqueado los principales centros de suministro de combustible para presionar al primer ministro, Ariel Henry, a dimitir.

La falta de combustible ha derivado en el cierre de al menos medio centenar de centros médicos y hospitales de todo el país, así como el de otros servicios públicos y privados de primera necesidad.